Culpable o no, el decomiso de dinero es el ‘costo de hacer negocios’ en Louisville

Foto: J. Tyler Franklin

Este artículo  es parte de la iniciativa de colaboración en reportajes apoyada por el Pulitzer Center on Crisis Reporting.

 

Theron Carson y sus amigos estaban fumando mariguana y  jugando video juegos cuando la policía llegó a su puerta.

Era la 1 a.m. y los oficiales le dijeron a Carson que alguien se había quejado por el olor. La solución más rápida, le dijeron a Carson, era que les permitiera revisar su apartamento ubicado en Newburg.

 

Un rato después la policía encontró mariguana y su pesa digital, vaciaron su billetera y le acusaron de tráfico de drogas.

 

Carson, ahora tiene 24 años y no es un traficante de drogas. Los $1200 que la policía le decomisó, los ganó legalmente. Una parte de dinero para la renta, dinero para pagar cuentas y dinero que él y su novia habían guardado en preparación para el nacimiento de su hija. El quería pelear el caso y recuperar su dinero.

 

Pero cuando llegó al tribunal en la fecha asignada en marzo del 2018, los fiscales estaban de acuerdo en ofrecerle un trato; declararse culpable de un cargo menor,  el de posesión de mariguana y evitar ir a la cárcel. ¿Pero a cambio sus $1200? Se fueron.

 

Su defensor público le dijo que el riesgo de pelear por el dinero era muy alto, y le aconsejó voluntariamente dar su dinero por perdido. Para Carson, esto no parecía como algo voluntario.

 

“Fue devastador,” dijo él. “Pero no había otra opción.”

 

El dinero decomisado a través de la pérdida de valores ayuda a influir en la resolución de casos de tráfico de drogas y se ha convertido en un aspecto arraigado en el sistema judicial de Louisville. Archivos y entrevistas con abogados, acusados y jueces lo demuestran. Los acusados pierden su dinero y propiedades incluso cuando los casos son descartados – o son reducidos a una acusación de posesión, un cargo por el que, de acuerdo a la ley, la policía generalmente no hace el decomiso de valores, así lo encontró una investigación del Kentucky Center for Investigative Reporting, KyCIR.

 

El caso de Carson, es uno de 351 casos que ahora ya han sido cerrados, fueron examinados por  KyCIR sobre el decomiso de valores entre el 2017 y junio de este año. Solamente un caso se fue a juicio; el resto fueron resueltos con tratos o acuerdos que requirieron que el acusado se olvidara de cualquier reclamo de dinero o valores decomisados por LMPD.

 

En uno de cada cuatro casos cerrados, el acusado no recibía cargos de tráfico de drogas – pero daba por perdido o decomisado su dinero o valores de cualquier manera.

 

De los casi $2.1 millones decomisados por LMPD, en los casos revisados por KyCIR, cerca de $328,000 eran de casos en que el acusado no era ultimadamente declarado culpable de tráfico de drogas. La ley de Kentucky dice que los oficiales de la ley pueden decomisar valores si encuentran causa probable que les haga creer que los mismos son procedencia de la venta de drogas.

 

 

Valores incautados por LMPD, por vecindario

 

 

KyCIR revisó 351 casos en los tribunales entre enero 2017 y junio 2019 en donde LMPD utilizó el decomiso de valores. El mapa muestra en donde fueron hechos los decomisos y por que cantidad. Nota: Los decomisos reportados aquí fueron realizados por LMPD solamente. Estos datos no incluyen los decomisos realizados por los departamentos de policía suburbanos, y si decomisos son reportados en esas áreas, se debe a que LMPD estuvo involucrado en esos casos.

 

Quedarse con propiedad sin comprobar que hubo un crimen que haya motivado el decomiso es problemático dice Steven L. Kessler, un abogado privado con sede en New York City, experto en confiscación de activos que a menudo se encarga de casos que involucre el decomiso de propiedades y valores al rededor de país. Si una confiscación tiene nexos con un crimen particular, dice Kessler, los fiscales deben de poder y querer comprobarlo.

 

“Si no hay un crimen, entonces no hay crimen,” dice Kessler. “El dinero debe de ser retornado, el auto debe de ser regresado, la propiedad debe de regresarse, y el caso debe de concluir allí mismo.”

 

Los oficiales de LMPD, no quisieron ser entrevistados sobre este reporte. Mike O’Connell, Procurador del Condado de Jefferson, no quiso ser entrevistado. Su portavoz Josh Abner, dijo en un correo electrónico que los acusados tienen consejería legal y son informados sobre sus derechos para poder tomar una decisión antes de aceptar una oferta para declarase culpables en casos que involucre el decomiso de valores.

 

El Abogado del Condado de Jefferson Thomas B. Wine dijo en una entrevista con KyCIR que perder el dinero es el “costo de hacer negocios” si te agarran con drogas o dinero, sin importar como se resuelva el caso.

 

“Sugerir de alguna manera que el dinero va hacer una diferencia para cualquiera de nosotros, al menos en el lado de la acusación, es ridículo, “dijo Wine.  “No vale la pena para los fiscales con los que trabajo.”

 

Aunque entregar el efectivo decomisado fue parte del acuerdo alcanzado en cada caso que fue revisado por KyCIR, Wine dijo que eso no significa que el dinero es usado como una moneda de cambio por los fiscales.

 

Pero Leland Hulbert, un ex portavoz para el Procurador del Commonwealth del Condado de Jefferson que ahora trabaja para una firma privada, dijo que entregar el efectivo es frecuentemente una concesión simple y casi se espera que la hagan los acusados y puede hacer que los fiscales se calmen y ayuda a resolver un caso.

 

“Suena mal,” dijo Hulbert. “Pero al final del día, la gente que es atrapada con las manos en la masa va a pagarla de cualquier forma.”

 

En todos los casos de decomiso, las ofertas de declaración de culpabilidad son favorecidas.

 

A pesar de que los casos criminales usualmente involucran el decomiso de valores, la ley de Kentucky no lo requiere – o requiere de una convicción de la ley para quedarse con el dinero.

 

Cerca del 16% de los acusados vieron que sus cargos de tráfico de drogas, fue reducido a crímenes menores, tales como posesión – el cual es un crimen que usualmente no termina en el decomiso de valores por parte de la policía, así muestran los archivos.

Pero sin embargo en gran parte, la policía y los fiscales se quedan con el dinero.

 

Los decomisos en Louisville afectaron desproporcionadamente a los afro americanos: La población de la ciudad es solo 23 por ciento afroamericana, pero el 56 por ciento de los acusados en casos de decomiso de valores eran negros; La Información racial en el 8 por ciento de los casos no fue revelada.

 

 

 

DECOMISOS hechos por LMPD por raza

 

 

 

 

En cerca del 8 por ciento de los acusados en los casos revisados por KyCIR, los cargos de tráfico de drogas fueron retirados – pero los acusados tuvieron que aceptar el perder o dar su dinero cuando los casos fueron resueltos.

 

Los casos de drogas pueden ser complejos de acuerdo a Ebert Haegele, jefe de la división del Procurador del Estado del Condado de Jefferson, de la unidad de narcóticos. Las ofertas o declaraciones de culpabilidad con penas más bajas  son ofrecidas a los acusados con records criminales ligeros, o aquellos que voluntariamente provean información a la ley, entre otras razones, dijo Haegele.

 

“Hay muchas razones por las que los casos [narcóticos] son enmendados,” agrega Haegele. “Los oficiales de la policía o detectives están involucrados en ese proceso y entienden todo lo que está pasando.”

El procurador del estado, Wine, dijo tener poca simpatía por las personas que son arrestadas por drogas o dinero. “Estas personas nos cuestan una tremenda cantidad de dinero”, dice Wine señalando el efecto que el trafico de drogas tienen sobre las familias y los vecindarios.

 

En efecto, Wine dijo que las personas a menudo quieren separarse del dinero involucrado para evitar ser vistos o tener la percepción de que estaban haciendo transacciones con drogas.

 

“Entre más alguien grita que quiere ese dinero, es más posible que vayamos a decir, ‘bien ese dinero es evidencia de que usted lo estaba usando para traficar,” dijo Wine.  “Ya sea que usted posea ese dinero con la intención de vender y el dinero es evidencia de ese crimen, o no, entonces se va a juicio.”

 

Pero los juicios son raros: Wine estima que el 98 por ciento de los casos que su oficina procesa son solucionados con un negociación o acuerdo con la fiscalía.

 

Muchos de los acusados, incluyendo Carson, fueron representados por defensores públicos. El Defensor público del Condado de Jefferson de Louisville, Leo Smith, no respondió a las llamas solicitando entrevistarle.

 

Hulbert, el ex procurador, dijo que el efectivo decomisado le ayuda como un abogado defensor para lograr acuerdos para sus clientes.

 

“Esa es una de las primeras cosas que se me viene a la cabeza,” dijo Hulbert. “Lo Podemos usar como herramienta para negociar.”

 

Ayudar a la fiscalía para que concluya el caso rápido significa menos trabajo y menos tiempo para todos, dijo Hilbert.

 

“Es una conversación que tengo que tener con mis clientes todo el tiempo,” dijo él. “Miren, podemos pelear para recuperar esto. Pero su resolución será más difícil, a usted le pueden dar mas años, usted puede que le den más tiempo.”

 

Keith Kamenish, un abogado que sirvió como procurador encargado en la oficina del procurador del Condado de Jefferson, dijo que las negociaciones de culpabilidad son procesos de dar y recibir entre defensores y acusadores. El proceso convierte el dinero de una supuesta evidencia en algo con lo que se puede influir, dijo él.

 

“Nadie te va a decir nunca cuanto dinero fue un factor,” dijo Kamenish.’ Pero lo que no te van a decir es que no lo es. ES una cuestión de grado.”

 

 

 

Valores decomisados por LMPD, por interacción con la policía.

 

 

 

Drogas más dinero equivale a    tráfico de drogas

 

La policía y los fiscales dicen que el decomiso de valores es clave para combatir el tráfico de drogas porque golpea a los traficantes en donde más les duele: la billetera. Y para estar seguro, algunos de los acusados son traficantes, y son arrestados después de que la policía ha desarrollado investigaciones sustanciales.

 

Pero los decomisos, no siempre parecen acorralar a los capos o jefes: los oficiales de LMPD decomisan menos de $1000 en el 40 por ciento de los casos.

 

En muchos de los casos revisados por KyCIR, el cargo de tráfico de estupefacientes no fue hecho basándose en información u observaciones de primera mano sobre que una persona estaba vendiendo drogas. Algunos empiezan con encuentros en paradas de tráfico o violaciones menores, como ventanas excesivamente oscuras o violaciones de señales de tráfico.  Las explicaciones de los oficiales sobre los cargos, a menudo se enfocan en que el acusado tenía drogas y dinero – el efectivo en sí, es considerado como prueba del crimen.

 

La ley de confiscación de valores del estado, dice que “todo el dinero, moneda o divisas encontradas en proximidad cercana con substancias controladas (drogas)… se presume que es decomisable.”

 

 

 

La ley de Kentucky dicta que el departamento de policía se quede con el 85 por ciento de lo que decomisa, y el resto se va a la fiscalía del estado.

 

Kamenish dijo que el potencial de obtener ganancia puede oscurecer la discreción de los oficiales e influenciar como ponen cargos criminales. Si los oficiales sienten presión para obtener dinero en efectivo, eso puede costarle a la justicia, dice él.

 

“Algunas veces el cargo imputado encaja con el dinero decomisado, en lugar de que el dinero decomisado encaje con el cargo imputado,” dijo Kamenmish. “Cualquier abogado defensor, fiscal u oficial de la policía diría esto.”

 

Alex Payne, quien es el comisionado para el Departamento de Entrenamiento para Justicia Criminal de Kentucky, dijo que los oficiales a nivel estatal se les enseña considerar la evidencia y el cargo correspondientemente. La cantidad de drogas presente, como estaba empacada la droga y también cuanto dinero un individuo está llevando y si tienen cualquier otra cosa como pesas o bolsas, son consideraciones a tomar en cuenta para imputar cargos de tráfico de drogas a una persona, señala Payne.

 

“Pero la discreción de los oficiales varía dependiendo de la experiencia, entrenamiento y la demografía de las personas en el área metropolitana donde trabajan.

Solo se les puede entrenar para que hagan lo correcto,” dijo Payne. “Pero todos ellos recordarán eso? No.”

 

Wine confían en que sus fiscales distingan entre traficantes y consumidores, los cuales dice él, necesitan de tratamiento en lugar de penalización.

 

Entre los casos revisados por KyCIR:

 

• La policía detuvo a un hombre en enero 2017 por no usar la señal para cruzar, cuando salía de “un área conocida por ser alta en narcóticos,” de acuerdo a la citación del arresto. El oficial reportó olor a mariguana, pero no encontró nada; en lugar la búsqueda dio como resultado una aguja con metanfetamina posiblemente, dos píldoras y una cantidad grande de dinero” “$231.

 

• Un oficial de LMPD arrestó a un sospechoso de vender mariguana sintética en una gasolinera del oeste de Louisville en marzo 2017. En la citación, el oficial anota que el hombre tenía una cantidad de dinero grande en billetes de baja denominación” en su billetera. La cantidad “grande “de dinero que los oficiales decomisaron: $33.

 

• En febrero 2018, una mujer recibe cargos de tráfico de mariguana en Fourth Street Live después de que le tiró cerca de $400 y algo de mariguana a un oficial de seguridad durante un argumento, de acuerdo a la citación. Ella tenía media onza de mariguana, la cual los oficiales determinaron ser “una cantidad que normalmente excede el uso personal.” Esa es la misma cantidad que el Concejo Metropolitano ha considerado como de uso personal en el mes de junio pasado cuando aprobó la ordenanza nombrando al cargo de posesión de mariguana como la más baja prioridad para la ley en la ciudad.

 

Cuando estos casos fueron a los tribunales, cada uno terminó en un acuerdo. Dos recibieron cargos menores de posesión. Uno, el hombre con $33, fue convicto de traficar drogas. Todos perdieron el dinero en efectivo.

 

Pocos piden el dinero de regreso

 

J. Tyler Franklin | wfpl.org 

FOTO: Theron Carson sentado con su hija mientras ven caricaturas

 

En un día de semana reciente, después de trabajar su turno en una bodega en Riverport, Theron Carson se sentó junto en el piso de su sala con su hija Layla. Su novia estaba embarazada cuando lo acusaron en 2017.

 

Mientras miraban caricaturas en la televisión, Carson reflexionaba recordando la noche en que la policía llego a la puerta de su apartamento, instigando el cargo de trafico de drogas para luego perder sus $1,200.

 

“Fue un trauma,” dijo él.

Cuando llegamos al tribunal en 2018, Carson se sentía seguro de que obtendría su dinero de regreso.

 

La policía en realidad no tenia ninguna evidencia de que el estaba traficando con drogas, el dijo: solo una pesa que usa para pesar su mariguana y bolsas de sándwiches que usa para meriendas. La cantidad de mariguana que estaba en su casa, no parecía mucha tampoco, dijo Carson. Pero al final, nunca pudo tener su caso ante un juez.

 

El cateo lo dejo con una sensación de ansiedad en su casa. El decomiso lo dejo a el y a su novia en una situación financiera difícil, ya que estaban tratando de ahorrar todo lo que podían para prepararse para el nacimiento de su bebe. La idea de que puedan ser desalojados le ha pasado por la mente.

 

Recordando, el dijo que perdió su dinero basado en una suposición de que el estaba traficando con drogas, no en una prueba. Debido a eso, el cree que el estado no merece quedarse con el dinero.

 

“No trabajaron por el. Solo lo tomaron,” dice Carson. “Pero contra ellos no puedes ganar.”

Los defensores tienen el derecho de presentar una moción en los tribunales y pedir que les devuelvan lo que es de su propiedad, pero muy pocos lo hacen.

 

Los jueces le dijeron a KyCIR que raramente ven que esto sucede, y los defensores mas a menudo optan por los acuerdos con la fiscalía, que incluye renunciar a su dinero.  Si renunciar al dinero decomisado puede asegurar la indulgencia que piden el defensor, a menudo llegan a estar de acuerdo en no pedirlo de regreso, dijo el Juez Jefe del Tribunal del Circuito de Jefferson, Brian C. Edwards.

 

 

Si pueden, usan ese dinero como una herramienta que da libertad condicionada, en lugar de ir a prisión, o para rebajar unos años a una sentencia, ellos no van a pelear por ello,” dijo el. “Esa no es la montaña o causa en la que quieren morir.”

 

Los archivos demuestran que LMPD regreso la propiedad a los defensores en casi 100 casos entre el 2017 y junio de este año. Esos casos no fueron parte de la investigación realizada por KyCIR porque los mismos no fueron incluidos en las estadísticas de decomisos de LMPD.

 

LMPD entrego datos adicionales sobre la propiedad devuelta a través de una petición de records abiertos, pero no quisieron dar los nombres de los acusados. En un correo electrónico, la porta voz de LMPD, Alicia Smiley dijo “Es razonable asumir que fueron declarados inocentes, en cuyos casos no se da a conocer el nombre de la persona.” La ley de records abiertos de Kentucky no incluye ninguna exención general para retener los nombres de personas que han sido arrestadas, pero no han sido encontradas culpables.

 

KyCIR pudo determinar los resultados utilizando los datos en otros 33 casos. Casi la mitad fueron encontrados culpables de trafico de drogas. La policía devolvió un auto que los oficiales decomisaron como parte de un acuerdo con la fiscalía, pero se quedaron con el dinero del acusaos en 23 de los casos que se pudieron identificar.

 

Kate Miller, directora de defensa de la Unión Americana para las Libertades Civiles de Kentucky, dijo que los costos de una defensa legal ciertamente es mas que el valor de las propiedades decomisadas que están en juego, pero eso no evita el derecho de una persona a un proceso legal justo.

 

Miller dijo que la gente pobre a menudo sufre consecuencias indebidas dentro del sistema criminal de justicia porque no tienen los recursos para defenderse.

 

“Nosotros vemos que cada vez que la libertad de una persona es restringida, o una persona es detenida, o puesta en prisión, simplemente es porque es pobre,” dijo Miller. “Y vemos que cuando se trata del decomiso de valores, que la mayoría de la gente a la que le es decomisada algo, no son jefes o capos del trafico de drogas.”

 

No siempre queda claro porque los defensores llegan a estar de acuerdo en aceptar separarse de la propiedad incautada. Pero el promedio de cantidades de dinero incautado en los casos que KyCIR reviso, era cerca de los $1500, lo cual significa que dar el dinero es a menudo mas barato que el costo –y el riesgo—de perder una pelea en los tribunales.

 

'Fue mas fácil'

 

Ronald Trevon dijo que dar su dinero incautado hizo la diferencia entre ir a prisión y evitarla después de ser arrestado por trafico en octubre del 2017.

 

La policía obtuvo una orden de cateo para el apartamento de Traynor después de que supuestamente vendió cocaína en roca a un informante confidencial en una compra controlada, de acuerdo a los records de la policía obtenidos a través de una petición para revisar los archivos de la policía.

 

Cuando la policía llegó, encontraron una variedad de drogas, asi como bolsas de plástico y pesas.

 

El dijo que el no vende drogas, y días después, recibió un cheque de $2,000 de una demanda por una lesión personal después de un accidente de auto. La policía decomiso $3,100 de su apartamento.

 

El dinero, dijo él, era una espada de dos filos. Les dio a los fiscales evidencia para acusarle de trafico. Pero dar el dinero le aseguro un acuerdo con los fiscales para evitar pasar tiempo en prisión.

 

Traynor ultimadamente se declaro culpable de ser cómplice por vender cocaína. Un cargo de trafico de heroína fue reducido a posesión y el también se declaro culpable de posesión de codeína y posesión de parafernalia.

 

Recibió una pena de libertad condicional supervisada de dos años, con una sentencia de 5 años de prisión si viola los términos –y además tuvo que renunciar a sus $3,100 dólares.

 

“Ellos utilizaron el dinero como influencia por las drogas para usarlo en contra mía,” dijo Traynor. “Pero en el mismo sentido, siento que, si no hubiera tenido ese dinero o representación, no estuviéramos teniendo esta conversación.  En lugar estaría empezando una sentencia en la penitenciaría.

 

“De esa forma me siento. Mi dinero me consiguió un acuerdo de libertad condicional.”

 

Gerald Heston admite que iba a vender las bolsas empacadas individualmente de mariguana que tenia en un jarrón cuando la policía lo agarró en marzo del 2018 y le incauto $500.

 

Heston es un lavatrastos en un restaurante local y había parado por un café en su camino al trabajo. Cuando regresó a su camioneta, la policía lo estaba esperando. Un oficial le dijo que habían recibido una llamada sobre un vehículo sospechoso y le preguntaron si lo revisar y a su vehículo también.

 

Heston todavía no había vendido las drogas, y el dijo que el dinero que la policía se había llevado no era de la pequeña venta: era de un cheque. El había planeado pagar sus cuentas cuando su turno terminara.

 

Heston tenía codos de cheque que le habían pagado, pero no estaba seguro si podía probar que el dinero específicamente que la policía había tomado era de su trabajo y no de la venta de drogas – lo cual hubiera pedido un juez si él hubiera pedido su dinero de regreso.

 

Sin prueba, el dinero incautado no es entregado, sin importar si fue legal o ilegalmente ganado.

 

La cantidad de dinero en efectivo que una persona tiene voluntad de renunciar no debería de influir en como la misma gente es acusada, convicta o penalizada, dijo David A. Harris, un profesor de leyes de la Universidad de Pittsburg.

 

Pero lo puede hacer, dijo él, y pone “todo fuera de control.”

 

“Cuando estas usando un proceso del gobierno, como una acusación criminal, eso tiene el potencial de imponer penas severas sobre la gente incluso tomar su libertad, debemos de hacer todo lo que podemos para minimizar la influencia del dinero, “dice Harris.

 

Heston sabía que una larga batalla en los tribunales seria difícil, riesgoso y caro. Cuando un defensor público le dijo que renunciara al dinero para resolver su caso con una pena más suave, el no dudo en hacerlo. El estuvo de acuerdo en renunciar al dinero a cambio del cargo de crimen menor de posesión de mariguana.

 

El costo de todo esto fue de $500 en efectivo.

 

“Fue lo mas fácil para mi, “dijo Heston. “Menos estrés y todo eso.”

 

Alejandra Kanik contribuyo a este reporte.

Contacte a Jacob Ryan al at (502) 814.6599 or jryan@kycir.org.

 

Este artículo es gracias a la colaboración entre KyCIR news y alDía en América para proveer contenidos en español. Logo de KyCIR

 

 

 

 

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