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Grupos religiosos censuran decisión gubernamental sobre el DACA

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Washington, 29 jul (EFE News).- El anuncio del Gobierno del presidente Donald Trump sobre el rechazo de nuevas solicitudes de DACA y la restricción de los permisos del programa a solo un año "no tiene sentido moral ni práctico", afirmó este miércoles el obispo Jaime Soto, director de la Red Católica de Ley de Inmigración (CLINIC). A mediados de junio el Tribunal Supremo de Justicia calificó de "caprichoso y arbitrario" el decreto de diciembre de 2017 por el que Trump canceló el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por su predecesor, Barack Obama, y que amparó a unas 650.000 personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad. Ayer el Gobierno anunció que extenderá los permisos del DACA ya existentes pero solo por un año, en lugar de dos como lo hacía el programa original, y rechazará todas las solicitudes nuevas. Asimismo, el Gobierno no dará más permisos para viajes al exterior a los beneficiarios del DACA a menos que haya una emergencia extraordinaria. Un funcionario de alta jerarquía dijo que el Gobierno se tomará tiempo para fundamentar su opinión de que DACA es ilegal. Trump indicó que retornaría al Tribunal Supremo con fundamentos para su decisión, pero hasta ahora no lo ha hecho. "El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que seguirá buscando la forma de terminar el DACA en medio de una pandemia es irresponsable y recalcitrante. El DHS retorna a la misma postura cruel que contraría lo que el Tribunal ya ha decidido", dijo Soto, obispo de Sacramento (California). Por su parte la directora ejecutiva de CLINIC, Anna Gallagher, dijo que el anuncio de DHS "añade aun más incertidumbre y caos en las vidas de los beneficiarios de DACA". "CLINIC cuestiona si este anuncio, que no restablece el DACA en la forma en que estaba antes del intento de terminarlo, siquiera se atiene al dictamen del Tribunal Supremo", agregó. La Coalición Ecuménica de Inmigración indicó que DACA ha protegido de la deportación a casi 800.000 personas, y que más de 200.000 beneficiarios "cumplen servicio actualmente en las primeras líneas de batalla contra la pandemia" de COVID-19. "En lugar de cumplir con la ley, el Gobierno de Trump decidió recortar el programa DACA", dijo José Arnulfo Cabrera, director de la Red Ignaciana de Solidaridad. "Si en algo estoy de acuerdo con el Gobierno es que el Congreso debe actuar, y debe hacerlo ahora. El Senado debe aprobar una legislación que abra la senda a la ciudadanía para los benediciarios de DACA". Peniel Ibe, del American Friends Service Committe, dijo que las medidas anunciadas ayer por el Gobierno "aumentan la carga financiera de los beneficiarios del DACA al reducir a un año la duración de las extensiones, de manera que el Gobierno acentúa los efectos de sus políticas inhumanas" contra los jóvenes inscritos en el programa. Simone Campbell, directora de la Red Católica por Justicia Social, sostuvo que "una vez más el presidente Trump propaga miedo y división". "Su Gobierno rechaza cruelmente los valores de nuestra nación al negar el derecho inherente que tienen los jóvenes beneficiarios de DACA de vivir con dignidad", agregó. "En medio de la pandemia que ha desestabilizado ya a tantas familias, el quitar la certidumbre trastorna las vidas de quienes hacen lo mejor que pueden para poner comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas". EFE News

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