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Movilización en Kentucky contra proyecto de ley que prohibiría "santuarios"


Desde la izquierda, Omar Salinas Chacón de ACLU, Francisco Serrano de ACLU, el abogado Ron Russell, Mirna Lozano de Kentucky Dream Coalition y Lisa Dejaco Crutcher de Catholic Charities testifican durante la audiencia de la ley SB1 en Frankfort Kentucky el 30 de enero 2020. Foto J.Donis AlDia en América

Washington, 7 feb (EFE News).- Activistas comunitarios se han movilizado en Kentucky en oposición a un proyecto de ley aprobado esta semana por el Senado y en discusión en la Cámara de Representantes que prohibiría la creación de "santuarios" para inmigrantes en el estado. "Este sábado tendremos reuniones para elaborar la movilización", dijo a la cadena EFE, Edgardo Mansilla, director del centro comunitario Americana, en Louisville, una entidad que asiste a inmigrantes de más de 100 países. "Vamos como individuos, no como grupos". En Kentucky no hay jurisdicciones que hayan adoptado el concepto de "santuario", que evita que las autorisdades locales colaboren en aplicación de las políticas migratorias, de competencia federal, pero el senador Danny Carroll, republicano de Paducah y uno de los autores de la iniciativa, explicó que se trata de una "legislación preventiva". Carroll aseguró que esta legislación no llevará a redadas masivas de inmigrantes indocumentados por parte de las policías de Kentucky, y señaló que su propósito es impedir que el concepto de santuario haga pie en el estado. "Kentucky es un estado con claras diferencias", añadió Mansilla. "Están las ciudades mayores como Louisville y Lexington, que son demócratas, más progresistas. El resto es más rural, republicano y conservador, pero es también la región donde la agricultura demanda y contrata la mano de obra de inmigrantes". "Los agricultores están muy preocupados por este proyecto de ley porque la mayoría de los peones rurales tiene problemas de inmigración", dijo a EFE José Neil Donis, director del diario "alDía en América" en Louisville. "Lo que este tipo de leyes ha causado en otros estados es que la gente se vaya". Randy Harper, un granjero en el condado de Shelby, dijo en una entrevista con "alDía en América" que esta legislación le afectaría a él "y a toda de la industria de los caballos y el estado de Kentucky porque la mayoría de los preparadores y cuidadores de los caballos son hispanos".

"No se puede encontrar trabajadores estadounidenses que hagan lo que esta gente hace para nosotros,” dijo Harper. “Esta ley afectaría mi granja porque tengo caballos que están entrenando y hay otras granjas en la región que tienen caballos que están entrenando y los cuidadores son hispanos, y diría que el 90 % de los cuidadores de caballos en Shelby County son hispanos,” agregó Harper.

Francisco Serrano, cabildero de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)

en Kentucky, explicó a Efe que "la mayor amenaza de esta legislación es que dará a nuestros policías locales la tarea de que actúen como funcionarios de inmigración". "Una estipulación en el proyecto de ley es que la policía puede preguntar sobre la situación legal de una persona tan sólo porque parezca inmigrante y aún cuando venga a denunciar un crimen, o sea víctima de un crimen", añadió. "Si esto se aprueba, mucha gente no se animará a denunciar crímenes". La legislación propuesta también indica que las agencias que reciban del gobierno más del 25 % de sus fondos deben cumplir con esa tarea, y, aunque están exceptuados los maestros y empleados de la enseñanza pública, desde el jardín de infantes a la secundaria, los profesores y empleados de las universidades también tendrían que cumplir". El martes pasado el proyecto de ley fue aprobado con 28 votos a favor y 10 en contra en la Cámara alta del congreso en Frankfort, la capital de Kentucky, y fue remitido a la Cámara de Representantes, donde los republicanos también tienen mayoría.

<< Omar Salinas Chacón de ACLU, durante la audiencia de la SB1 en el comité del senado el pasado 30 de enero 2020. Danny Carroll uno de los proponentes de la ley (derecha). Foto J.Donis.

Más de 500 ciudades y condados del país han establecido alguna forma de "santuario" para los indocumentados, y en términos generales la práctica exime a la policía y otras agencias locales de la tarea de verificar la situación de inmigración de las personas. Trece de los 50 estados de la Unión han aprobado leyes similares, según Carroll. "Lo que esta ley hará será estirar al máximo los recursos de nuestra policía local", según Morgan McGarvey, jefe de la minoría demócrata en el Senado. "Nuestros policías no tienen instrucción sobre las leyes de inmigración. La iniciativa manda el mensaje de que el saludo de 'bienvenido' ya no está". EFE News

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